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Por: Mayda Goite Pierre
Las cubanas y los cubanos que habitamos la Isla en pleno desafío a los riesgos del siglo XXI, con la COVID-19 como expresión de mayor impacto en nuestras vidas y lo azarosa de la realidad cotidiana, podemos asegurar que gozamos de seguridad ciudadana, un anhelo de millones de personas en el mundo, entendida ésta como un bien público e integrada por el accionar conjunto del Estado con la población y dirigida a asegurar la convivencia pacífica de todos, procurando la disminución de la violencia y contribuyendo así a la prevención de conductas delictivas, con la finalidad de satisfacer el importante derecho a la armonía en sociedad.
La reforma procesal penal cubana que se avecina es, sin lugar a dudas, una medular transformación del sistema de justicia penal, que coloca a nuestro país en la avanzada de ese movimiento “telúrico” que hace más de treinta años sacude a la impartición de justicia en nuestro entorno geográfico, plagada de derechos, garantías, novedosas instituciones procesales y herramientas útiles en el combate contra la criminalidad, que junto a presupuestos clásicos, auguran un “buen proceso penal”.
