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El tema fue presentado en el Palacio de Convenciones de La Habana por el teniente de corbeta Edgar Eliazar y la criminóloga Maria Alvarado, ambos miembros de un equipo de investigación independiente de México.
Según los especialistas, las pesquisas determinaron que hubo un seguimiento previo de las víctimas por parte de las autoridades locales, pues se comprobó la existencia de comunicación radiofónica entre el entonces alcalde de la ciudad de Iguala, Jose Luis Abarca, y los puntos donde sucedieron los hechos.
Se conoce que los normalistas fueron monitoreados cuatro horas antes de los sucesos, esos actos son considerados como “golpes de Terror” que garantizan la operatividad de las organizaciones criminales, pero todavía se desconoce por qué eligieron específicamente a eso 43 estudiantes, señaló Eliazar.
El teniente de corbeta explicó que no se trata de un hecho único o aislado, pues solo en los últimos 10 años la Procuraduría General de la República registró en México unas 25 mil desapariciones.
Los sucesos del 26 de septiembre de 2014 están muy vinculados a las operaciones de los cárteles de droga de la región, ya que el 65 por ciento del cultivo de opio sale de las zonas aledañas a donde ocurrió la masacre, agregó Eliazar.
Por su parte, Maria Alvarado informó que la línea de investigación ha sido sustentada principalmente por los testimonios de testigos oculares, pues en un inicio varias evidencias físicas fueron alteradas u ocultadas.
La criminóloga apuntó que en los hechos estuvieron involucrados autoridades tanto locales como estatales, federales y militares, de acuerdo con los resultados arrojados por la investigación criminológica.
Esto se explica en el hecho de que la ciudad de Iguala, en cuyas cercanías se encuentra la hacienda de Ayotzinapa, constituye una de las principales puertas de tráfico de heroína blanca hacia Estados Unidos, aclaró Alvarado.
La especialista también se refirió a las afectaciones más generales que la desaparición de los normalistas ha generado en la comunidad.
La escuela normal rural de Ayotzinapa recibía cada año a unos mil 500 aspirantes, de donde se escogía a la matrícula que finalmente iba a cursar estudios; después de los sucesos, solo recibió las aplicaciones de 128 jóvenes, dijo Alvarado.
Otra realidad es que después de esos lamentables acontecimientos también se les suprimió a los estudiantes el subsidio que recibían para gastos sanitarios y de alimentación, agregó.
Recordó que a casi un año del incidente, los implicados aún son considerados como “presuntos”, las 43 víctimas siguen en calidad de “desaparecidos” y el caso permanece abierto.
Fuente:Cubadebate
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