El reto del equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías procesales

Por: Mayda Goite Pierre

Las cubanas y los cubanos que habitamos la Isla en pleno desafío a los riesgos del siglo XXI, con la COVID-19 como expresión de mayor impacto en nuestras vidas y lo azarosa de la realidad cotidiana, podemos asegurar que gozamos de seguridad ciudadana, un anhelo de millones de personas en el mundo, entendida ésta como un bien público e integrada por el accionar conjunto del Estado con la población y dirigida a asegurar la convivencia pacífica de todos, procurando la disminución de la violencia y contribuyendo así a la prevención de conductas delictivas, con la finalidad de satisfacer el importante derecho a la armonía en sociedad.

La reforma procesal penal cubana que se avecina es, sin lugar a dudas, una medular transformación del sistema de justicia penal, que coloca a nuestro país en la avanzada de ese movimiento “telúrico” que hace más de treinta años sacude a la impartición de justicia en nuestro entorno geográfico, plagada de derechos, garantías, novedosas instituciones procesales y herramientas útiles en el combate contra la criminalidad, que junto a presupuestos clásicos, auguran un “buen proceso penal”.

Editorial: Cubadebate Vota SÍ

Este domingo 24 de febrero el pueblo cubano volverá a hacer historia. Millones de ciudadanos acudiremos a las urnas para ejercer el democrático derecho de votar por los destinos de una Constitución que ha sido fruto del más colectivo de los ejercicios de pensamiento. Pocas veces un pueblo de nuestro mundo ha tenido la posibilidad, que responsablemente ejercimos, de debatir y proponer públicamente cambios a la Carta Magna de la nación.

Fruto de ese saber popular es el texto que va a referendo este día histórico de la Patria. En él se mezclan, precisamente, ese legado patriótico que forjaron nuestros bisabuelos, abuelos y padres con la práctica presente y los sueños futuros de la Patria.