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viernes, 9 de octubre de 2015

El lobby agrícola aumenta presiones para comerciar con Cuba

Los especialistas cifran en más de 1 700 millones de dólares el potencial de compras agrícolas cubanas en el mercado estadounidense.
Los especialistas cifran en más de 1 700 millones de dólares el potencial de compras agrícolas cubanas en el mercado estadounidense.


El congresista republicano por Arkansas, Rick Crawford, plantó una semilla a comienzos de esta semana en la búsqueda de poner fin a las limitaciones a las ventas agrícolas de Estados Unidos hacia Cuba.


La Cuba Agricultural Exports Act (Ley para la Exportación Agrícola a Cuba), presentada por Crawford el martes en la Cámara de Re­presentantes del Congreso, permitiría la concesión de créditos para las compras cubanas y le daría acceso a las empresas norteamericanas a los programas del

Departamento de Agricultura.

“La Ley permitirá a los productores competir en igualdad de condiciones en el mercado cubano, lo que constituye una oportunidad para los granjeros y rancheros del país”, dijo el congresista a la prensa.

Un cambio en la legislación en el año 2000, durante el gobierno de William Clinton, permitió la venta de productos agrícolas pero condicionada al pago en efectivo, por adelantado y sin acceso a créditos.

El presidente Barack Obama no puede cambiar esas reglas con sus potestades ejecutivas —muy amplios en otros casos no codificados por la ley—, de ahí la necesidad de tramitar su derogación en el Congreso.

El proyecto de Crawford también abriría, aunque de manera limitada, las inversiones estadounidenses en el campo cubano, siempre y cuando los funcionarios de Washington certifiquen que los beneficiados son productores privados y no empresas “controladas por el Estado”.

El propio secretario de Agricultura norteamericano, Tom Vilsack, cifró en más de 1 700 millones de dólares el potencial de compra cubano en el que históricamente ha sido su mercado natural, pero del cual se ha mantenido al margen, debido a las leyes del bloqueo.

Cuba ha adquirido cerca de 5 000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses durante los últimos 14 años, im­pul­sado por los precios com­petitivos y la cercanía de los puertos de embarque.

Pero en los últimos años la Isla ha girado hacia otros mercados que ofrecen condiciones financieras más favorables, aunque se ubiquen a miles de kilómetros de distancia en Sudamérica, Asia y Europa.

En el 2014 las compras de la empresa estatal Alimport cayeron hasta poco más de 291 millones, menos de la mitad del pico de 710 millones alcanzado en el 2008.

“Bajo la Ley vigente, los productores es­tadounidenses pueden exportar productos agrícolas a Cuba. Sin embargo, las restricciones en el financiamiento y la promoción da­ñan nuestra competitividad en el mercado cubano y limitan el potencial de exportaciones”, explica un comunicado de la página web oficial de Crawford.

Eso es lo que quieren cambiar muchos legisladores de los estados agrícolas del centro y el sur del país, a cuyos oídos llega cada vez más fuerte el mensaje de cientos de granjeros y líderes del sector que viajan a Cuba en busca de expandirse en un mercado a solo 90 millas de sus costas.

Precisamente uno de los últimos en arribar fue el gobernador de Arkansas, Asa Hutchin­son, quien pidió eliminar las limitaciones al comercio de productos agrícolas y otorgar créditos, como primeros pasos antes del levantamiento del bloqueo. De ese estado del suroeste norteamericano también es el republicano John Boozman, quien adelanta en el Senado un proyecto similar al de Crawford, que ya fue aprobado en su respectivo Comité pero que no ha llegado a votación general.

La mayor parte de los estados agrícolas son mayoritariamente republicanos, de ahí que no sea sorpresa que legisladores de ese partido —dominante en ambas Cámaras y opuesto normalmente a cualquier plan de Obama— sean quienes adelanten este tipo de proyectos de ley.

“Ese hecho subraya  que en la élite norteamericana no hay una posición monolítica y que el bloqueo va en contra de los intereses concretos de los agricultores, sin importar su militancia política”, aseguró a Granma el politólogo y profesor cubano Carlos Al­zu­garay.

“El Congreso no siempre actúa según preferencias ideológicas, sino en base a intereses concretos para los ciudadanos del distrito que representa un congresista dado”, añade Al­zugaray, tras recordar que la concreción de esas aspiraciones es “poco probable”, aunque no se pueda afirmar que no tenga ningún futuro.

En el Capitolio de Washington también están en marcha otras iniciativas para permitir los viajes de turismo y el comercio en sentido general, a las que cada semana se suman nuevos legisladores.

Por lo pronto, Crawford tiene de su lado al presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Mi­chael Conaway, quien es copatrocinador de la ley.

Asimismo, la Coalición Agrícola de Es­ta­dos Unidos para Cuba (USACC, por sus siglas en inglés) lo respalda. Su vicepresidente, Paul Johnson, dijo a este diario vía electrónica que su organización apoya los planes dirigidos a mejorar las relaciones comerciales con nuestro país.

Johnson destaca en especial la letra de la ley de Crawford referente a la posibilidad de invertir en el campo cubano, a partir de la posibilidad de compartir tecnología, conocimientos y experiencia que incrementen la productividad nacional.

Sin embargo, el vicepresidente de la USACC menciona un aspecto que no está incluido hasta ahora en ningún lugar y resulta clave para el futuro del comercio entre los dos países: “la capacidad de los agricultores cubanos de exportar a los Estados Unidos”.

Aunque las medidas anunciadas en enero pasado y ampliadas en septiembre abren una pequeña puerta a determinadas importaciones por parte de los Estados Unidos de productos y servicios cubanos del sector no estatal, aún no está claro cómo se podrían materializar en medio de las condiciones del bloqueo y las características propias del ordenamiento interno del país. Eso sin mencionar el hecho de que Washington ignora a los cientos de miles de productores agrupados en empresas estatales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández Guillén, dijo a Granma que este tipo de restricciones unilaterales son “discriminatorias e injustas”.

Hernández Guillén, quien hace poco participó en Washington en la constitución del Con­sejo de Negocios EE.UU.-Cuba, añadió que los barcos viajan llenos hacia la Isla y regresan vacíos, lo que encarece los fletes, y pone a los productores nacionales en desventaja.

“No podrá hablarse de una normalización del comercio en ningún sector mientras el flujo sea de una sola vía”, concluyó.

Fuente:Granma Internacional

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